¿Montoya y Calle se declaran incompetentes ante el Defensor del Pueblo?

Los políticos y los gestores de “lo público” deberían tener como centro de su actividad la consecución del interés general. A veces se solapan los intereses en juego y es difícil discernir el camino a seguir.

En cambio, nuestro caso es obvio: existen unos daños y perjuicios claros y cristalinos y las soluciones que se pueden tomar (que podrían haberse ejecutado hace ya meses) no perjudican a nadie.

Recibida comunicación por parte del Defensor del Pueblo, llama la atención la actitud de quien haya contestado al requerimiento inicial, pues su único objetivo ha sido determinar que la Ordenanza General de Medio Ambiente del municipio no es aplicable a nuestro caso. Y punto.

No se trata de entrar o no en discusiones e interpretaciones jurídicas; es cuestión de querer o no resolver un grave problema que tiene muy preocupados a los vecinos. Y parece que no existe predisposición.

Hemos alegado la Ordenanza General de Medio Ambiente de Leganés, Normas de protección ambiental del Ayuntamiento, la Ordenanza general de policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, la Ley 30/1992… Pero lo importante para alguien es que considera que nuestro grave problema esta “fuera del ámbito de aplicación de la citada Ordenanza”. Lo que nos faltaba por ver.

Vivan los legalismos y nada por resolver las calamidades de los vecinos. No van a medir ruidos ni inmisiones porque no se quiere, porque no interesa o a saber.

Por otro lado, se recuerda al Defensor del Pueblo que se esta haciendo un mapa del ruido… Se lleva haciendo desde 2009 y tardará aún varios meses o años más. Este mapa va a ser la panacea que resuelva todos los problemas habidos y por haber, pero nadie remedia nuestras dificultades, aprietos y peligros.

De nuevo queremos poner de manifiesto que, en ocasiones, no caben legalismos y buenas intenciones, sino medidas drásticas y ejecutorias que resuelvan de raíz los riesgos, daños y perjuicios de los vecinos.

Y, parece ser, que a algunos cuesta mucho, muchísimo, hacerlo.